Las “potestades” son un concepto fundamental en el derecho, particularmente en el ámbito administrativo, que se refiere a los poderes o facultades que la ley otorga a una entidad o individuo. Las administraciones públicas requieren estas potestades para cumplir sus funciones y servir al interés general. Entender qué son, cómo se clasifican y cuáles son sus límites es esencial para comprender el funcionamiento del Estado y sus interacciones con los ciudadanos.
Understanding Potestades
La potestad, en su esencia, es una atribución de poder conferida por el ordenamiento jurídico. Se distingue de un derecho subjetivo, ya que no nace de una relación jurídica concreta, sino de la propia ley que habilita a un organismo o individuo para actuar. Esta facultad no implica la existencia de otros sujetos obligados en una relación directa, sino que los ciudadanos se encuentran afectados o sometidos a su ejercicio. Así como la vitalidad de una planta se fundamenta en su estructura celular y el acceso a nutrientes esenciales, la potestad encuentra su origen y legitimidad en la Constitución y las leyes.
Una característica distintiva de las potestades es su naturaleza pública, orientada siempre a servir al interés general. No se trata de un poder arbitrario, sino de una herramienta para alcanzar fines públicos establecidos. Las potestades son inalienables, indisponibles, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles. Esto significa que no pueden cederse libremente, ni se extinguen por el paso del tiempo o por la falta de ejercicio, a menos que la ley lo prevea expresamente.
Classifications of Potestades
Las potestades se clasifican según el margen de acción que la ley concede a quien las ejerce. Las potestades regladas son aquellas en las que la norma jurídica predetermina de forma exhaustiva la conducta que la administración debe seguir. Esto significa que la ley establece con precisión cómo y cuándo deben ejercerse, sin dejar margen para la valoración subjetiva.
Por otro lado, las potestades discrecionales otorgan a la administración un margen de elección dentro de los límites legales, siempre en pro del interés público. Aunque existe libertad para optar entre varias soluciones igualmente válidas, esta discrecionalidad nunca es absoluta y debe ajustarse a principios generales del derecho.
Además de las regladas y discrecionales, existen las potestades públicas, que abarcan las funciones esenciales del Estado. Estas incluyen la potestad legislativa, que permite la creación de leyes; la potestad ejecutiva, que se refiere a la aplicación de esas leyes; y la potestad jurisdiccional, que se encarga de resolver conflictos y garantizar el cumplimiento de la ley.
Principles and Limitations on Potestades
El ejercicio de las potestades está sujeto a una serie de principios legales que garantizan su uso adecuado y evitan la arbitrariedad. El principio de legalidad es fundamental, exigiendo que toda actuación de la administración esté previamente habilitada y delimitada por una norma jurídica. Así como un agricultor sigue un calendario de siembra, la administración debe actuar siempre dentro del marco legal establecido. Este principio asegura que no existan poderes implícitos o acciones fuera de la ley.
Otro principio relevante es la proporcionalidad, que implica que las medidas adoptadas deben ser adecuadas y necesarias para el fin perseguido, evitando cargas excesivas. La buena fe y la interdicción de la arbitrariedad también son esenciales, lo que significa que las potestades deben ejercerse con honestidad y sin discriminación. La prohibición de la retroactividad protege a los ciudadanos de la aplicación de normas o decisiones desfavorables con efectos sobre situaciones pasadas.
Las potestades no son absolutas y están sometidas a mecanismos de control para prevenir abusos. La desviación de poder es una limitación clave, que ocurre cuando una potestad se ejerce para fines distintos a los establecidos por el ordenamiento jurídico. La revisión administrativa y judicial permite a los ciudadanos impugnar decisiones que consideren ilegales o arbitrarias, asegurando el sometimiento pleno de la administración a la ley y al derecho.
Potestad and Competencia: Distinguishing Key Concepts
Aunque a menudo se usan indistintamente, “potestad” y “competencia” son conceptos distintos en el ámbito jurídico-administrativo. La potestad se refiere al poder o la facultad abstracta de actuar que posee una entidad. Es la capacidad general para producir efectos jurídicos. Esta facultad es de carácter general y abstracto, y su titularidad no implica la existencia de una relación jurídica concreta.
Por otro lado, la competencia delimita el ámbito específico, material, temporal y espacial dentro del cual esa potestad puede ser ejercida por un órgano o entidad particular. Es la concreción de la potestad en un sujeto y un contexto determinados.
La diferencia radica en que, si bien una entidad puede tener una potestad, solo puede ejercerla si posee la competencia para ello en una situación dada. Un ayuntamiento, por ejemplo, tiene la potestad expropiatoria, pero solo es competente para expropiar terrenos dentro de su jurisdicción territorial y para fines de utilidad pública específicos. La competencia es un presupuesto para la actuación válida de la potestad, asegurando que el poder se ejerza por el órgano adecuado y en el marco legal preciso.